Los países con mayor renta por habitante cuentan con una red de infraestructuras muy tupida. Por el contrario, los países pobres sufren un gran déficit de infraestructuras. Por eso aunque los salarios en África se cuenten entre los más bajos del mundo y, por lo tanto, entre los más competitivos, los costes de transporte desde los lugares donde se produce encarecen tanto el bien que deja de ser rentable. Gran parte de este problema se debe a las malas infraestructuras del continente africano.
Ronald Reagan en Estados Unidos y sobre todo Margaret Thatcher en el Reino Unido pusieron de moda la fórmula público-privado. Basada en ese discurso neocon, que a muchos les sonará familiar, que repite sin cesar: «el Estado es ineficaz y el mercado siempre lo supera», privatizaron servicios públicos básicos prometiendo una mayor eficiencia y mejor calidad de servicio para el ciudadano gracias a la bondad del sector privado. Treinta años después el resultado ha sido desastroso en la mayoría de las ocasiones. Cualquiera que haya viajado al Reino Unido habrá tenido que pagar precios desorbitados por viajar en el tren o en el metro de Londres y habrá comprobado que a pesar del mayor precio del servicio la situación de muchas infraestructuras es lamentable.
La mayoría de esas concesiones o inversiones públicas con participación privada necesitan financiación bancaria o en los mercados financieros. Y los bancos o inversores exigen un aval público del Estado para conceder el crédito. El riesgo moral es enorme: si la inversión sale bien, los beneficios son privados, pero si sale mal las pérdidas se socializan y las pagan los contribuyentes. Por otro lado, esos entornos son un loco de corrupción ya que dependen de una decisión admi-
nistrativa, por eso es tan importante la transparencia en la gobernanza de los recursos públicos.
Sin embargo, el Estado no siempre es un ángel y no todas las inversiones en infraestructuras están justificadas. Existe una frase maldita, que en la geografía española se entiende muy bien, y que dice: «gastaba como si el dinero fuera público». Los recursos públicos son escasos y se nutren de dinero de los contribuyentes, por eso la racionalidad económica y el análisis coste-beneficio deben primar en la decisión. Es cierto que en muchas ocasiones, al no existir mercado ni precios privados, es difícil estimar los beneficios de una infraestructura ya que, además del análisis puramente contable de ingresos y gastos, hay que añadir los beneficios sociales que genera y su repercusión sobre la riqueza de la nación en el futuro. El caso de la educación pública es el más evidente. Computas como gasto los años en los que el joven se educa pero genera PIB y paga impuestos durante los cuarenta años de su vida profesional.
Aristóteles en su Ética a Nicómaco enseñaba que la prudencia es una virtud y que ésta debe ser una cualidad principal de todo gobernante, sobre todo de aquel que se encarga de gestionar los recursos públicos. Los descendientes actuales de los griegos de la época aristotélica han sufrido en sus propias carnes los excesos de inversiones y la mala gestión de recursos públicos. España tampoco es ajena a este mal, y entre muchos casos absurdos de inversiones mastodónticas sin utilidad real, quizá el ejemplo más sangrante lo constituya la Comunidad Valenciana, que, al igual que Grecia, ha visto sus cuentas cuestionadas desde Bruselas.