Galaxia Gutenberg, 2016. 224 páginas.

Cuando la tesis de un libro coincide con tus ideas se lee con mucho gusto. Ante la pregunta de por qué somos ineficientes se suelen traer a colación motivos culturales, problemas de educación, el hecho de ser ‘del sur’ y muchas otras zarandajas con poco sustrato.

Carlos Sebastián opina, aportando ejemplos y estadísticas, que la causa de nuestra ineficiencia radica en el deterioro de las instituciones públicas aquejadas de corrupción y clientelismo. El libro indaga en muchos aspectos, desde las excesivas normativas hasta la escasa confianza en la justicia y los problemas de la educación. En todos podemos ver los problemas derivados de la mala calidad de nuestras instituciones.

Cuando en las noticias sale algún caso de corrupción nos indignamos porque un cargo público se haya embolsado una determinada cantidad en comisiones. Y eso es malo, pero no es lo peor. Porque (siguiendo la lógica del libro, aunque simplificando mucho) una adjudicación fraudulenta nos cuesta más que la cantidad que se ha llevado el político. Además tendremos sobrecostes debidos a que no ha habido un concurso limpio. También la calidad del servicio dejará que desear, porque no se revisarán los resultados con el mismo cuidado. Esto desincentiva la productividad, ya que es más importante tener buenos contactos que hacer las cosas bien. También deteriora el tejido productivo, porque empresas de mejor calidad o estén empezando no podrán acceder a determinados trabajos por no tener esos contactos. Esto provoca una desmotivación en los estudiantes, que no ven que una mejor formación sea recompensada con mejores puestos -sin hablar del nepotismo empresarial. Y así un largo etcétera.

Hay un breve capítulo que indica qué se podría hacer. No grandes reformas ni grandes luchas que se quedan en nada. Avanzar correctamente en parcelas que intenten provocar entrar en un ‘círculo virtuoso’. Hará falta ver si estos avances son posibles. Se comenta que el único partido que tiene una hoja de ruta en este sentido es Ciudadanos. Aviados estamos.

La bronca en público, durante la celebración del día de las Fuerzas Armadas, que la vicepresidenta del Gobierno de Zapatero echó a la presidenta del Tribunal Constitucional refleja perfectamente, sin necesidad de ningún comentario, cómo está de asentada esa perversión institucional. También las características de varios de los vocales elegidos. Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) designó en 1994 vocal del Consejo General del Poder Judicial a un juez afín, que había conseguido su condición de juez por el llamado cuarto turno (por su «reconocido prestigio») y que en 1996 tuvo que dimitir porque iba a ser imputado por graves irregularidades que le llevaron finalmente a prisión. Y más recientemente, durante muchos meses (2012-2013) el Partido Popular (PP) bloqueó la renovación del Tribunal Constitucional al empeñarse en la designación como vocal de un jurista que a juicio de los otros partidos no resultaba idóneo. Finalmente se desbloqueó la renovación y el candidato del PP resultó elegido a finales de 2013. A los pocos meses, el magistrado tuvo que dimitir al ser detenido por saltarse un semáforo conduciendo ebrio una motocicleta sin el obligatorio casco.
Contemporáneo a los hechos acaecidos a mediados de !a década de los ochenta, fue al asunto de Banca Catalana y la querella de la Fiscalía contra los administradores de ese banco catalán presidido por Jordi Pujol, por apropiación indebida y falsedad documental, querella que, como recordó recientemente Santos Julia en un artículo en El País,1 estaba basada en un preciso informe de los servicios del Ministerio de Economía y Hacienda y la noticia produjo gran indignación, con ciertos tintes victimistas, en una parte de la intelectualidad catalana. La realidad de las cosas es que fue un acto de independencia de unos fiscales al que el Gobierno de la nación respondió presionando para que la querella no prosperase, por conveniencia política, y en línea con la senda iniciada por el Gobierno socialista, y seguida después por cuantos alcanzaron el poder ejecutivo, de violar la independencia del sistema judicial en aras a determinados objetivos políticos.
La utilización por parte del Gobierno de Aznar de un juez de la Audiencia Nacional para procesar a la cúpula de un grupo de comunicación no afín (Grupo PRISA) se enmarca en esta línea de utilización impune del aparato judicial por parte de los poderes políticos. El juez en cuestión fue finalmente condenado por prevaricación, cometida en la instrucción de este caso, e indultado más tarde por el propio Gobierno de José María Aznar. Esta secuencia de hechos no ocurrió en Venezuela; sucedió en España.